La economía nicaragüense ha sido recientemente sacudida por decisiones de autoridades gubernamentales y judiciales, alrededor del pago de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), y ha dejado al descubierto una aparente división de posturas sobre el tema en el Poder Ejecutivo, que también ha disparado el Riesgo País.
 
A solicitud del Ministerio Público, el juez quinto penal de audiencia, Julio César Arias mandó a suspender el pago del principal e intereses de los CENIS al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, provocando un sismo en sectores económicos por la negativa señal que eso implica para los inversiones internacionales que demandan reglas claras y seguridad jurídica y un mal precedente para las obligaciones del Estado de Nicaragua y la cultura del no pago.
 
Pero el mismo día en que representantes de ambas instituciones fueron notificados, el titular del banco emisor, Antenor Rosales dijo tajantemente que no acataría dicha resolución y que cumpliría con lo convenido para no afectar la imagen del gobierno, nacional e internacionalmente y contravenir el acuerdo económico financiero con el Fondo Monetario Internacional, mientras el Presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales demeritó la decisión judicial argumentando que Arias no puede pasar por encima de la Ley General de la República que contempla dichos pagos y que fue aprobada por la Asamblea Nacional.
 
Ya el Presidente Daniel Ortega aseguró que sí, que los CENIS se pagarán, y que están negociando con los bancos.
 
¿Usted que opina de todo esto?

En los primeros días del nuevo año, la Asamblea Nacional debe decidir el rumbo de un país que vivirá un enorme desafío en el 2008, al posponer o no las reformas constitucionales del 2005; si supera o no la crisis institucional entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y nos enrumbamos hacia las elecciones municipales.

El gobierno del Presidente Daniel Ortega tiene sobre todo los mayores retos. Recobrar la gobernabilidad; mantener la estabilidad macroeconómica; impulsar su propio proyecto político, económico y social y sobre todo, ganar la mayoría de alcaldías en los comicios municipales, evitando que esto se convierta en un referéndum sobre la gestión presidencial.
Esto augura tensiones políticas y presiones en lo económico.

La unificación de los liberales y la integración de una sólida alianza electoral constituyen hoy por hoy los grandes retos de la oposición política, con el líder del PLC, Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel y sin posibilidades de lograr una amnistía general y la inhibición política que a toda costa se busca para Eduardo Montealegre de ALN y con ello sacarlo de la contienda electoral, en donde la gran alternativa será Edmundo Jarquín del MRS.

¿Usted que opina?

Están ocurriendo cosas interesantes entre Managua y Washington. El viernes pasado ocurrió un hecho muy significativo, para aquellos que todavía tenían dudas acerca de cual es la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Managua y porqué la Casa Blanca luce al margen de los problemas políticos internos.
 
Por primera vez en quien sabe cuanto tiempo, un alto funcionario del Departamento de Estado como el Director de Asuntos de América Central, John Feeley, dio declaraciones vía telefónica desde Washington a la emisora oficial del FSLN, Radio Ya, manejada por uno de los hijos del Presidente Daniel Ortega, dando un enorme espaldarazo al gobierno sandinista.
 
“Nosotros encontramos que el balance (de las relaciones) es bastante positivo”, afirmó mientras recordaba la asistencia que su país brindó por la emergencia del Huracán Félix y prometió continuar y mantener la ayuda… Feeley dijo que les alegró mucho que Nicaragua haya logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque “eso representa un compromiso de parte del Gobierno del Presidente Ortega para trabajar con la Comunidad Internacional y para mejorar el clima de inversiones en Nicaragua”.
 
“Nosotros pensamos que como nuestros socios en el CAFTA, Nicaragua, tanto como los demás países miembros de CAFTA, hemos hecho un compromiso histórico para utilizar la inversión, el comercio, las exportaciones, como mecanismos para mejorar la vida de cada ciudadano común y corriente, ya sea en el campo, en el pueblo, en las ciudades”, indicó.
 
¿Esto es un cambio de señal en las relaciones diplomáticas?
 
¿Cómo lo ve usted?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) definió una nueva frontera marítima entre Honduras y Nicaragua que se proyecta en algunos tramos al norte del paralelo 15, a favor del vecino país, y en otro punto favorece a Honduras al adentrarse hacia al sur de la línea en disputa.

La sentencia fue recibida por la delegación hondureña presente en La Haya como un triunfo, en vista que los miembros del alto tribunal de justicia ratificaron a Honduras su soberanía sobre los cayos Bobel, Savanna, Port Royal y Cayo Sur que de acuerdo a la Convención de Derechos del Mar, le conceden una proyección de doce millas náuticas al sur del paralelo 15.

En tanto, la Corte Internacional ratificó la posesión de Nicaragua sobre el cayo Edimburgo, que es precisamente la parte insular que le proyecta espacios hacia el norte del paralelo antes dicho.

Que opina usted de este fallo?

Durante el mes de agosto algunos diputados del PLC retomaron la iniciativa de aprobar en la Asamblea Legislativa una amnistía general para todos los funcionarios de los dos últimos gobiernos, los presididos por Arnoldo Alemán y por Enrique Bolaños.

Esta amnistía beneficiaría definitivamente a Alemán, sentenciado en primera instancia a 20 años por graves actos de corrupción durante su mandato.

Según diputados del PLC esta amnistía es para beneficiar a todos aquellos que han sido acusados por diversos delitos, entre ellos el ex presidente Enrique Bolaños y algunos de sus funcionarios y metieron en la lista al Presidente de ALN, Eduardo Montealegre de quien presume la Contraloría de responsabilidad penal por la reclasificación de la cartera de los CENIS.

Alemán declaró que no necesitaba amnistía, ya que con el nuevo Código Penal su sentencia por el delito de “lavado de dinero” contempla penas de cárcel de cinco años, plazo que se cumplirá en diciembre 2007, cuando él espera salir libre.

Bolaños, Montealegre y otros han rechazado cualquier posibilidad de aprobar una amnistía general porque afirman que no la necesitan y que ellos no son culpables de nada, sino víctimas de una pasada de cuentas.

¿Usted que opina?